Las próximas elecciones generales del 20 de diciembre se producen en un momento histórico donde toca posicionarse. La próxima será, sin duda, una legislatura de retos constitucionales, entre los que destaca la reforma territorial, y la de la Ley Electoral, así como la protección -vía rango constitucional- de derechos fundamentales; y la derogación de aquellas leyes lesivas para la mayoría social que han sido impuestas bajo el rodillo del PP.
El contexto territorial en esta segunda década del siglo XXI debe reflejar los profundos cambios vividos en España desde la aprobación de la Constitución de 1978. Deben actualizarse los consensos logrados entonces para elaborar la Carta Magna. Entonces solo estaban reconocidos tres territorios históricos: País Vasco, Cataluña y Galicia. Y era, además, una incipiente democracia, amenazada por el ruido de sables. Hoy, en 2015, y con una democracia imperfecta pero consolidada, la realidad territorial es muy diferente; no se trata solo de dar un nuevo encaje a Cataluña, sino de aportar y consensuar una nueva definición federal del Estado y de sus diecisiete territorios.
Estaremos ante una legislatura de cambio político y, también, de previsible cambio de nuestro marco jurídico de convivencia. Canarias debe ser una parte activa de este proceso. Canarias no puede quedarse atrás en lo que debe ser un profundo cambio constitucional que posibiliteactualizar compromisos, incorporar otros nuevos y adquirir metas comunes que nos permitan alcanzar un elevado consenso social y territorial para las próximas décadas.
Nuestro compromiso para Gran Canaria, desde el Senado, es programático y nos une, entre otros, el rechazo a la ley mordaza, a la Lomce o a la reforma laboral. El rechazo frontal a la política económica basada en los recortes, a la inacción ante los desahucios y al entreguismo del Gobierno ante las políticas conservadoras de Europa. En definitiva, a la mala política encabezada por el Partido Popular (PP) y refrendada en Canarias por Coalición Canaria (CC).
Nosotros, al contrario que la derecha, defendemos un cambio cuyo eje fundamental es nuestro compromiso electoral con una agenda canaria basada en contenidos específicos sobre los grandes temas de nuestra tierra. Hablamos de un nuevo encuadre de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), de un nuevo Estatuto Político para Canarias, del cumplimiento del Plan de Carreteras, de la recuperación de los más de setecientos millones de euros adeudados del actual Convenio de Carreteras, que se suman a los más de mil millones de euros anuales menos que han recibido las Islas en los últimos cinco presupuestos del PP.
La política de derechas ha afectado a todos los sectores económicos y sociales de Gran Canaria. Hemos padecido la supresión de planes de ayuda agrícola, ganadero y pesquero, la eliminación de la financiación en materia de planes de empleo, la paralización de nuestro desarrollo en carreteras.
Canarias tiene retos claros y palpables que deben ser defendidos en la próxima legislatura, entre otros:
1. Defender nuestros aeropuertos y puertos como elementos estratégicos que deben estar bajo autonomía (gestión) de las Comunidades Autónomas. Haremos valer en el Senado el artículo 33.13del Estatutoque otorga competencias en su gestióncuando el Estado no se reserva la gestión directa.
2. Acabar las carreteras inconclusas de Gran Canaria, fundamentalmente el cierre del anillo insular (tramos Mogán-La Aldea y La Aldea-Agaete) y la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.
3. Apoyar al sector primario mediante el desarrollo de proyectos comunitarios específicos para las regiones ultraperiféricas (RUP): POSEI, Programa de Desarrollo Rural, Reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
En el caso del tomate, la ganadería y el sector vitivinícola demandaremos el cumplimiento por parte del Gobierno de España de la ficha financiera del POSEI adicional, incumplida de forma incomprensible a lo largo de esta legislatura.
Recuperaremos el diálogo perdido con el sector pesquero artesanal, que está sufriendo las consecuencias de las dificultades propias de su actividad asociadas a la agresión del PP en dos asuntos especialmente relevantes: la injusta cuota de pesca del atún rojo y la pretensión de modificar unilateralmente las artes de pesca autorizadas sin haber dialogado en absoluto con los que conocen de este tema, es decir, los propios pescadores y sus representantes.
4. Actuar sobre la inaceptable tasa de paro que sufre Canarias, superior en siete puntos a la media del Estado, activando instrumentos como el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), que estando dotado con 42 millones de euros ha sido reducido a cero por el Gobierno del PP.
5. Apostando firmemente por la renovación de la planta alojativa obsoleta yla rehabilitación de las ciudades turísticas. Insistiendo en la diferenciación del destino Canarias y la mejora de la conectividad. Y respetando el modelo turístico de cada isla.
En definitiva, Gran Canaria debe tener una representación firme para exigir y defender lo que nos corresponde. Basta de actitudes entreguistas. Es la hora de impulsar cambios en las políticas para afrontar el desempleo, la pobreza y las crecientes desigualdades. Nuestra tierra se merece un trato justo y diferenciado.
Nos jugamos mucho este 20 de diciembre. La coalición electoral entre NC y el PSOE tiene como objetivo obtener el apoyo de la mayoría social en Canarias, para superar cuatro años de maltrato y de olvido de las reivindicaciones Canarias por parte del Partido Popular de Mariano Rajoy y José Manuel Soria. Debemos poner fin a este Gobierno conservador que tanto daño ha hecho a las Islas y que ha supuesto un enorme retroceso en las políticas sociales y en las libertades públicas. Y debemos vencer, asimismo, a quienes en Canarias han repetido esas políticas de recortes y descapitalización de los servicios públicos.
José Miguel Rodríguez es candidato de PSOE-NC al Senado por la isla de Gran Canaria.
