El debate monográfico sobre la crisis desarrollado esta
semana en el Congreso de los Diputados se convirtió en un duelo dialéctico entre el presidente del Gobierno de España y el líder del principal partido de la oposición que ha confirmado, una vez más, las escasas posibilidades de entendimiento. Ese abismo entre PSOE y PP contrasta vivamente con la opinión de la ciudadanía que, mayoritariamente, considera imprescindible un pacto de estado para afrontar la actual situación económica y generar las mejores condiciones para salir de la crisis, como reflejan distintas encuestas.Zapatero llegaba, probablemente, en el peor momento de sus seis años al frente del Gobierno. Por un lado, por los malos datos económicos (paro, déficit público, incremento de la deuda pública...), junto con la influencia negativa que se tendía sobre España por los graves problemas de insolvencia de Grecia y la opinión de algunos analistas financieros internacionales especializados.
Patológico optimismo
Pero también por una serie de errores cometidos por el Gobierno que preside, entre ellos el anuncio unilateral de subir la edad de jubilación, sin explicar previamente de forma clara la actual situación del sistema de pensiones y sin buscar el imprescindible consenso, político y social sobre una medida de semejante calado. Al igual que sucedió con su marcha atrás con el intento de incrementar desde los 15 a los 25 años el período de cotización que se considera para calcular las pensiones, según constaba en la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 que el Ejecutivo de Zapatero había remitido a la Comisión Europea, y que se vieron obligados a retirar. Así como por su actitud errática en el análisis de la crisis, mostrando un patológico optimismo.
Al contrario, Rajoy se situaba en un debate fácil para la crítica pero exigido de demostrar que tenía otras recetas frente a la situación económica; y con la necesidad de no aparecer más interesado en aprovecharse electoralmente de la crisis que en arrimar el hombro para ayudar a salir de ella.
Más allá de quién ganó o perdió el debate (un debate en el que, una vez más, Rajoy se equivocó, negándose a ayudar al gobierno a no ser que el PSOE quitara a Zapatero) lo importante son las medidas expuestas y la actitud frente al diálogo y al acuerdo.
Da la impresión de que el Gobierno de Zapatero aparece desconcertado e improvisando medidas frente a la crisis. No obstante, el llamamiento al diálogo y al consenso que demanda la sociedad española es necesario frente a la gravedad de la situación económica y para alejar el fantasma de la crisis griega; a pesar de que no son comparables las circunstancias entre los dos estados en importancia económica y en parámetros como déficit público, deuda pública, etcétera.
En estos momentos, la búsqueda del consenso se torna muy difícil por el intento de autoexcluirse del PP por motivaciones exclusivamente electorales, aunque si no logra explicar bien su actitud puede pasarle factura ante la sociedad, que difícilmente puede entender que en una coyuntura tan complicada se pongan por delante estrechos intereses partidistas.
En mi opinión, el consenso para salir de la crisis no sólo debe incluir temas como la reforma laboral y la contención del déficit publico para volver en pocos años a los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit en torno al 3%), sino también otros asuntos. En concreto, la reforma necesaria del sistema de pensiones debe discutirse en el seno del Pacto de Toledo y consensuarse allí. Parece que sobre este tema, que es un problema a medio plazo, puede y debe haber consenso.
Por otra parte, la anunciada reforma del mercado laboral no puede simplificarse ni siquiera plantearse como un exclusivo abaratamiento del despido en los contratos indefinidos. La cuestión es adaptar las fórmulas de contratación a las necesidades cambiantes del mercado. En este sentido, la propuesta de los 100 economistas sobre este asunto constituye una base sensata para empezar a discutir, aunque alejada de los maximalismos de algunos sectores de la CEOE sobre el despido libre. Es decir, apostando por contratos más duraderos y más flexibles (flexiseguridad) y por usar la reducción de jornada como instrumento temporal de ajuste de empleo, en lugar de recurrir a los despidos. Y buscar mecanismos que asocien los salarios a la productividad y a la consecución de objetivos.
Otras medidas que se deben adoptar son el impulso del trabajo a tiempo parcial y los incentivos empresariales para la contratación de mayores de 45 años y de jóvenes, los grupos más afectados por el desempleo. Respecto a la reducción de los costes empresariales de la Seguridad Social, exige una reflexión previa sobre quién los paga porque parece poco razonable plantearlo y, al mismo tiempo, exigir la reducción del déficit público, puesto que sería el Presupuesto estatal quien cubriría esa diferencia, a no ser que se planteara sufragarlo con subida de impuestos.
Productividad
Asimismo, es imprescindible profundizar en las reformas estructurales del modelo económico para incrementar la productividad y la diversificación económica; por tanto, es muy importante establecer en el Plan de austeridad en qué se reduce el gasto, pero sin poner en peligro los temas que ayudan a la diversificación y la competitividad. No parece en ningún caso razonable recortar en I+D+i ni en inversiones productivas estratégicas, so pena de estar condicionando gravemente el futuro. Igualmente, el Plan de austeridad sólo es posible con la imprescindible corresponsabilidad de las comunidades autónomas, que suponen el 50% del gasto público.
Por último, quisiera destacar la necesidad de abordar la reforma del sistema financiero de manera que se agilice el acceso a los créditos, hoy enormemente dificultado, lo que está impidiendo la financiación de las empresas y frenando el consumo familiar.